Ley de mejora de la cadena alimentaria
La Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria es «el primer compromiso» del Gobierno con el sector, ya que uno de sus problemas fundamentales es la «enorme diferencia» de precios entre origen y destino, por la «asimetría» de poder entre los eslabones de la cadena. Así lo ha asegurado el presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, José Ignacio Llorens, en una entrevista con Efeverde, en la que ha añadido que, en este contexto, el principal problema de los agricultores españoles «no es el acuerdo con Marruecos», sino su «debilidad» como último eslabón de la cadena alimentaria.
Llorens ha señalado, en este sentido, que la entrada de tomate de Marruecos es de 275.000 toneladas, frente a los cuatro millones de toneladas producidas en España, pero que el PP exigirá que se apliquen criterios de reciprocidad y verificación de contingentes y precios de entrada a las importaciones de países terceros para que los acuerdos no provoquen un «enorme agravio y gran inquietud» a los productores.
Según el diputado popular, el Ejecutivo también potenciará la figura de las organizaciones de productores y de las interprofesionales, así como una nueva norma para que las cooperativas no encuentren obstáculos a la hora de afrontar fusiones.
«En España hay 4.000 cooperativas que facturan del orden de 9.000 millones de euros y, sin embargo, una sola cooperativa en los Países Bajos de leche o de carne factura esos 9.000 millones de euros», ha subrayado Llorens.
Ha avanzado, además, que otro proyecto que irá enlazado a la Ley de Mejora de la Cadena será la introducción de los contratos homologados que garanticen al productor un precio mínimo, «como ya sucede en Francia con el sector lácteo».
En relación a la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013, ha insistido en que el Gobierno trabaja en la defensa de los 7.800 millones de euros que España recibe de la gran política comunitaria.
Según ha apuntado, la pérdida de los criterios históricos generará grandes «tensiones territoriales» y será necesario dotar de cierta «flexibilidad» a los Estados para que se «atenuen» las diferencias que se producirán entre comunidades autónomas y tipos de agricultura.
Además, ha alertado de que una ayuda igual por hectárea a todas las superficies perjudicará especialmente a la agricultura más intensiva y a la de regadío.
Para Llorens, España no se debe conformar con que los países del norte de Europa «impongan sus preferencias» y ello suponga que un agricultor andaluz que producía aceite de primera calidad y recibía 600 euros por hectárea, «pase a recibir menos de la mitad» si no se corrigen esos desequilibrios.
Publicado el 20/02/12 en: